La participación del Estado en la renta agrícola es del 83,4%.

Las implicancias de estos niveles de participación del Estado en la renta y sus implicancias en la rentabilidad de la producción se centran en dos aspectos: uso de tecnología y sustentabilidad. En cuanto a la primera, como en cualquier otra actividad productiva, cuando los márgenes son menores, se reducen la inversión y la aplicación de tecnología. Esto impacta de manera negativa en la productividad al utilizar semillas y fitosanitarios de menor calidad, y al aplicar menos fertilizantes. A su tiempo, la reducción de la productividad se traduce en menos exportaciones, menos dólares y menos empleo.

Con la sustentabilidad sucede algo similar, el suelo requiere que se roten los cultivos de una campaña a otra, es decir, que se siembren cosas diferentes, ya que cada uno extrae y repone nutrientes distintos. Esto es bueno para la calidad del suelo y el combate de las malezas. El problema, es que al ser negativa la rentabilidad de cultivos como el trigo y el maíz, se obliga a los productores a sembrar cada vez los cultivos más rentables, como la soja, con consecuencias negativas sobre la sustentabilidad del sistema productivo.

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